El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha comparecido ante el Congreso de los Diputados. En su intervención, en la que ha presentado el Informe Anual del Banco de España, ha calificado la actual crisis de acceso a la vivienda como una verdadera “emergencia nacional”. Ante este escenario, el máximo responsable del regulador financiero ha exigido una movilización general inmediata de todas las administraciones públicas.
Escrivá ha diagnosticado con dureza los graves problemas estructurales que arrastra el sector inmobiliario nacional. El gobernador destaca la alarmante caída de la productividad por hora trabajada y la falta crónica de mano de obra cualificada. El nivel de empleo actual en la construcción se sitúa todavía un 7% por debajo de los registros de 1999. Esta escasez de operarios cualificados frena en seco el desarrollo de la oferta residencial necesaria.
Para solucionar estos cuellos de botella, el Banco de España ha propuesto un paquete de recomendaciones urgentes. Entre las medidas clave, Escrivá ha abogado de forma directa por fomentar decididamente la construcción industrializada en España. Esta postura supone un respaldo institucional a las soluciones que impulsamos activamente desde la Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI) y que estaremos analizando el próximo 28 de octubre en el Foro de Construcción Industrializada 2026 que tendrá lugar en el COAM.
El regulador también ha demandado un incremento sustancial en la rehabilitación y en la movilización del stock de vivienda vacía. Según su análisis, el impacto de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación ha tenido un efecto muy modesto hasta la fecha. Por ello, Escrivá reclama sustituir la lentitud burocrática local por una coordinación ágil y real entre los tres niveles de la administración.
Finalmente, el gobernador ha instado a movilizar de forma masiva el capital privado para financiar los nuevos desarrollos residenciales. Escrivá pide evitar debates estériles sobre fondos de inversión y centrarse de lleno en robustecer la oferta disponible. Los ayuntamientos disponen de herramientas normativas y un superávit de 45.000 millones de euros en depósitos para crear vehículos ágiles de colaboración público-privada.